Acaba de publicarse una nueva ley penal sobre temas cibernéticos que, por su ambigüedad y amplitud, equivale a una eficiente mordaza, precisamente en el campo de la información que más futuro tiene.
He sido el primero en reclamar mayor
privacidad y respeto a las comunicaciones, así como que se precise más
aquello de ‘interés público’ para evitar excesos, pero la presente ley
se ha ido al otro extremo y cualquier periodista puede ir preso –más aún
con este Poder Judicial, donde hasta vocales supremos supuestamente
sapientes e imparciales como San Martín cometen escandalosas atrocidades
con las prescripciones– unos cinco años solo por hacer su trabajo.
Me imagino que Cornejo Chávez, padre
intelectual del infame ‘Estatuto de Libertad de Prensa’ (bajo la
dictadura velasquista), y Montesinos sonreirían al leer esta ley y
felicitarían a su autor (que las malas lenguas dicen que ha sido el
ministro Cateriano). ¡Me imagino que Correa en Ecuador debe ya estar
revisándola con el mismo deleite que tendría de estar mirando una
edición especial de Playboy! Ya desde el Congreso salió mal, pero el
Ejecutivo la empeoró, y aquí hay una responsabilidad especial del
ministro de Justicia Figallo, quien es el asesor legal del gabinete y
debió disponer que se observara. No sé si por ancestro paterno
velasquista este ministro no quiere a la prensa, pero no sé si es
consciente del oprobio eterno que esto acarreará sobre su cabeza. Y lo
mismo sucederá con el premier Jiménez, abogado que también ha sido
ministro de Justicia y cuya firma rubrica la infame promulgación de esta
barbaridad en El Peruano, junto a la de Otárola y Omonte. Eso quedará
para la Historia. Y todo esto lo inició el pepecista Beingolea, que para
colmo es… ¡periodista!
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