Transcribo a dos destacados jurisconsultos sobre el reciente atropello del que he sido víctima:
“Una semana después de que la causa había
caducado, en la mesa de partes de las Salas Penales de la Corte Suprema
se levantó, por iniciativa del defensor de Mariátegui, un acta notarial
para probar que el caso aún no había sido resuelto. Sin embargo, el 4 de
setiembre fueron notificados con una resolución fechada el 3 de mayo.
¿Cómo se le pasó a la Sala emitir un fallo en un caso que estaba
prescrito? El CPC señala que las resoluciones son nonatas hasta que son notificadas y esta lo fue el 4 de setiembre. Menudo trabajo le espera al CNM. De antemano prejuzgamos: estamos al lado de Mariátegui” (Javier Valle Riestra, ‘El caso Aldo Mariátegui’).
“Las resoluciones judiciales existen a partir
del momento en que se notifican a las partes.(…) El cálculo temporal
pertinente establecía que la acción quedaba prescrita el 16 de mayo y,
como hasta ese día no se había expedido resolución alguna, el defensor
Ghersi, ni tonto ni perezoso, se constituyó con un notario en la mesa de
partes para constatar que, en efecto, no había resolución (…). Pero
aquí vino la burda triquiñuela de la Sala (…) que admite que el primer
proyecto de su fallo se redactó el 22 de mayo. Quiere decir que el 3 de
mayo no había resolución y que, por consiguiente, la Sala falta a la
verdad (…). Un proyecto no es una sentencia. Es claro, por tanto, que la
sentencia no estuvo expedida el 3 de mayo. (…) Es evidente que la Sala
ha faltado gravemente a sus deberes. (…) Y lo que resulta más
preocupante es que esta falta de respeto a los plazos y procedimientos
no sea (…) sino la consecuencia de una posible venganza del juez San
Martín contra el periodista Mariátegui” (Francisco Chirinos Soto,
‘Gravísima irregularidad procesal’).
No hay comentarios:
Publicar un comentario